Qué exige la ley, documento por documento

Lo que ya publica

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración mantiene en el portal de contabilidad gubernamental una categoría dedicada a los análisis costo-beneficio de proyectos de inversión que rebasan el umbral de diez millones de Unidades de Inversión. Los trimestres se suceden ahí desde 2019: cuando hubo proyectos por encima del umbral, están sus análisis; cuando no los hubo, está la nota que lo dice, siempre con el mismo formato y el mismo fundamento legal. Y lo que está son estudios completos, con sus números a la vista: el de la rehabilitación de la carretera Interserrana, publicado en el paquete del primer trimestre de 2025 y firmado por la propia Secretaría de Infraestructura, declara en 49 páginas un monto total de inversión de 300,024,585.58 pesos con IVA y publica su tabla de indicadores de rentabilidad, con una tasa interna de retorno social de 15.20 %; el de la construcción de rotondas y rehabilitación de calles de la colonia La Paz, de junio de 2019, hace lo mismo con un monto total de la inversión de 94,217,882.11 pesos con IVA incluido. Cada cifra es el monto total de inversión que declara su propio documento, en precios de años distintos. Es un anaquel abierto, y el proyecto del Cablebús tiene su lugar en él.

Lo que ya publica

El Instituto Nacional de Antropología e Historia publica su normativa y sus trámites, y los publica completos: la ficha del visto bueno de obra dice en qué se funda, qué puede resolver, que el plazo de respuesta es de 25 días hábiles y que el trámite es gratuito; la norma de investigación arqueológica vigente desde 2024 está en su normateca, artículo por artículo. La regla es pública y consultable sin pedir permiso a nadie. Este anaquel, en cambio, no es igual a los otros dos, y conviene decirlo: en el del Estado y en el del Ayuntamiento el lector abre hoy una página y ve documentos ya publicados, mientras que aquí, buscado el 19 de agosto de 2026 en el portal de transparencia del Instituto y en las secciones que cuelgan de él, no se localizó registro público de las autorizaciones, permisos o vistos buenos de obra que otorga —la búsqueda fue sobre los medios electrónicos del propio Instituto—. Lo que hay es el deber, y es exacto: la ley general de transparencia obliga a poner a disposición del público y mantener actualizadas "las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados", con su objeto, su titular, su vigencia, su tipo y sus "términos, condiciones".

Lo que ya publica

El Ayuntamiento publica las licencias de poda, derribo y trasplante de árboles una por una, en versión pública, tachando únicamente el domicilio de quien las solicita. Y publica los puntos de acuerdo de su Cabildo íntegros en la Gaceta Municipal —incluido el de este proyecto, con sus cuatro fracciones de terreno, sus superficies y sus cuadros de construcción—, además de un listado propio de actas de sesión. Dos anaqueles abiertos, sostenidos para asuntos mucho más pequeños que éste.